El más reciente informe anual del CIVICUS Monitor, El poder ciudadano bajo ataque 2025, publicado en diciembre del año pasado, confirmó una tendencia de deterioro sostenido de las libertades cívicas que exige atención urgente. De los treinta y cinco países de la región de América Latina y el Caribe, tres tienen hoy espacio cívico cerrado, donde el disfrute de las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica es prácticamente imposible, mientras que en siete el espacio cívico es calificado como represivo y en seis como obstruido, las tres peores categorías del índice. El CIVICUS Monitor clasifica al espacio cívico, en orden creciente de restricción, en: abierto, estrecho, obstruido, represivo y cerrado. A la luz de los desarrollos documentados en dicho informe y en los meses transcurridos desde su publicación, la Coalición por la Libertad de Asociación expresa su más profunda preocupación por el estado de las libertades cívicas en la región.
Cuba, Nicaragua y Venezuela continúan encabezando la lista de los países con el espacio cívico más restringido, reflejo de años de represión sistemática de la prensa independiente, la sociedad civil organizada y toda expresión de disenso. En Cuba, la represión política no ha cedido: las organizaciones de la sociedad civil operan en la práctica en la clandestinidad o directamente desde el exilio. En Nicaragua, el Estado sigue recurriendo a las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas para aplastar cualquier asomo de oposición. En Venezuela, las autoridades han adoptado la práctica de anular ilegalmente los pasaportes de activistas y opositores, sigue habiendo centenares de presos políticos aún después de la intervención estadounidense, y quienes huyeron del país tras las elecciones fraudulentas de 2024 continúan siendo perseguidos en el exilio. La represión transnacional ha cobrado las vidas de varios activistas nicaragüenses en Costa Rica, mientras que en Colombia se han documentado centenares de casos de persecución contra venezolanos exiliados, incluidos atentados graves.
El citado informe también da cuenta de retrocesos notorios en países con democracias consolidadas. Argentina fue degradada a la categoría de obstruido como consecuencia del deterioro de las libertades cívicas desde la asunción del presidente Javier Milei en diciembre de 2023. La reestructuración agresiva del Estado ha resultado en el desmantelamiento de organismos de garantía de derechos fundamentales y ha suscitado protestas que han sido reprimidas con fuerza excesiva y detenciones arbitrarias. El Salvador, por su parte, fue degradado a la categoría de represivo por efecto del desmantelamiento de los mecanismos institucionales de control bajo el gobierno del presidente Nayib Bukele, quien gobierna bajo un estado de excepción permanente y ha promulgado una Ley de Agentes Extranjeros que grava con un impuesto del 30 por ciento el financiamiento internacional de las organizaciones de la sociedad civil. La criminalización, la intimidación y la asfixia financiera han provocado el cierre de grandes organizaciones y el exilio forzado de decenas de periodistas.
Entre los países con desarrollos especialmente preocupantes se encuentra Ecuador, incluido en la Lista de Vigilancia del CIVICUS Monitor en marzo de 2026. El espacio cívico en Ecuador, calificado como obstruido, se ha deteriorado rápidamente bajo el gobierno del presidente Daniel Noboa, que ha promulgado leyes de gran alcance que amenazan a las organizaciones de la sociedad civil e impuesto estados de excepción recurrentes que restringen de manera desproporcionada los derechos de las comunidades indígenas y afroecuatorianas. En septiembre y octubre de 2025, las fuerzas de seguridad emplearon fuerza excesiva contra protestas de pueblos indígenas, con un saldo de varios muertos, centenares de heridos y detenidos y denuncias de desapariciones forzadas. A esto se ha sumado el ataque sistemático contra la prensa y la intervención administrativa de las cuentas bancarias de decenas de organizaciones de la sociedad civil.
Perú también suscita preocupación: su espacio cívico ya había descendido a la categoría de represivo en 2024, y a fines de 2025 el Congreso aprobó una amplia amnistía para las fuerzas de seguridad implicadas en violaciones graves de derechos humanos, mientras las protestas continúan siendo reprimidas con medios letales.
La Coalición por la Libertad de Asociación llama la atención, asimismo, sobre dos países que permanecen bajo el radar del debate regional pero cuya situación merece una alerta sin demora. México, clasificado por el CIVICUS Monitor como de espacio cívico represivo, mantiene el deshonroso primer lugar entre los países más mortíferos del mundo para los periodistas fuera de las zonas de guerra. El Mexico Country Focus Report del programa EU SEE, publicado en septiembre de 2025, destaca la consolidación de un modelo de gobernanza centralizado que concentra el poder en el Ejecutivo, restringe el diálogo con la sociedad civil y promueve narrativas estigmatizantes. En Paraguay, donde el espacio cívico es catalogado como obstruido, la Ley N.º 7.363 aprobada en 2024 ha impuesto restricciones arbitrarias sobre las organizaciones de la sociedad civil, mientras que las autoridades han respondido a la movilización social con despliegues desproporcionados, vigilancia digital y criminalización preventiva, consolidando un clima de intimidación.
Más allá de los episodios documentados en cada país, se observan patrones regionales caracterizados por la imposición de marcos normativos crecientemente restrictivos acompañados por campañas de estigmatización de la sociedad civil. Frente a este deterioro, la Coalición por la Libertad de Asociación: