Después de 25 años de labor —acompañando a cientos de víctimas y exigiendo justicia—, Cristosal se vio obligada a elegir entre la cárcel o el exilio. La opción de sus integrantes fue optar por el exilio. Esta decisión tan drástica nació de la completa imposibilidad de operar en un país donde la represión estatal ya no permite ni respirar.
Como organización de la sociedad civil, Cristosal ha sido víctima de una campaña sistemática de acoso legal y administrativo que lleva años. Además de espionaje telefónico, vigilancia de sus actividades y domicilios de sus integrantes, así como diversas campañas de difamación y acoso digital en contra del trabajo de la organización, de los equipos y de aliados.
La detención arbitraria de Ruth López, la jefa del área anticorrupción en Cristosal fue un punto de quiebre para la organización y para el movimiento de derechos humanos, ya que muestra la estrategia sistemática de criminalización impulsada por el gobierno de Nayib Bukele, que busca desmantelar la sociedad civil e imponer un régimen autoritario.
Ruth fue arrestada arbitrariamente el 18 de mayo, cinco días después de que habían sido detenidos otros dos defensores: Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez. La detención de Ruth estuvo acompañada de diversas irregularidades. Primero la buscaron porque “supuestamente” su vehículo estaba involucrado en un accidente. Posteriormente, la detienen sin una orden judicial acusada de peculado y la mantienen incomunicada por más de 30 horas, sin contacto con sus abogados y familia, lo que constituye una violación flagrante al debido proceso, al derecho a la defensa y a los estándares internacionales de protección judicial.
Ruth fue llevada a juzgados el 4 de junio, lo que excede el plazo de detención administrativa, el delito fue modificado evidenciando que su detención fue arbitraria y se impuso una reserva injustificada al caso.
Pese a que, en su momento, sus abogados presentaron pruebas contundentes de arraigo, trayectoria profesional y disposición a colaborar con las autoridades, el tribunal decretó su encarcelamiento, una decisión que busca castigar su labor como defensora, y fue enviada a prisión, en contraposición a la resolución de un habeas corpus.
Después de la detención de Ruth también se detuvo a Enrique Anaya, abogado constitucionalista y un férreo crítico de Bukele.
La Ley de Agentes Extranjeros no es una norma técnica: es una faja de fuerza legal para estrangular a las organizaciones de la sociedad civil en El Salvador. No es un marco legítimo, sino un instrumento de control, censura y castigo, que impacta no solo a las ONG sino a toda la ciudadanía
A las organizaciones salvadoreñas les impone un 30% sobre los fondos que llegan desde el exterior y deja a criterio del Ejecutivo a quién procesa. En otras palabras: define quién puede hablar y quién debe callar. Es una ley discrecional que busca limitar aún más el espacio cívico en El Salvador.
El régimen de Nayib Bukele mantiene un estado de excepción desde 2022, con más de 85, 000 detenciones arbitrarias. Las instituciones colapsaron. Protestar es virtualmente imposible. La gente vive con miedo real: listas negras, vigilancia constante, amenazas veladas. El Salvador dejó de ser un espacio público libre.
A esto se suma la vulneración de la Constitución con las últimas reformas aprobadas, que avalan la reelección indefinida y eliminan la segunda vuelta electoral. El tiro de gracia para la democracia.
La decisión de Cristosal de cerrar operaciones no limita su compromiso con El Salvador. Sus integrantes guardan la esperanza de regresar, pero lo harán cuando exista seguridad jurídica y garantías de un sistema judicial independiente.
Desde la Coalición por la Libertad de Asociación demandamos al gobierno salvadoreño la liberación de las y los presos de conciencia, y el respeto a las libertades ciudadanas y de las organizaciones de sociedad civil vitales para la defensa de la democracia y sus instituciones.