El paso del huracán Ian por Cuba originó una serie de apagones en la isla que, paradójicamente, volvieron a iluminar la precariedad de las condiciones de vida de la población, estimulando la protesta de la población, la cual ha venido normalizando en los últimos años el ejercicio de su derecho a la manifestación por la exigencia de derechos. Ante la ausencia de una cultura democrática para canalizar las demandas de los ciudadanos, el gobierno de Miguel Díaz-Canel responde de manera represiva, negando la legitimidad de las manifestaciones, acusándolas de ser dirigidas y pagadas desde el exterior, y anunciando que “se atenderán con el rigor de las leyes”. Para el 3 de octubre se conoció que al menos 20 cubanos habían sido arrestados en diferentes partes del país, mientras las movilizaciones continuaban.
Desde la Coalición por la Libertad de Asociación rechazamos la criminalización de la protesta social en Cuba y exigimos se respete el derecho a la manifestación, así como la vida, la libertad y la integridad de quienes participen en ellas. Los derechos humanos son universales, por lo que la población cubana tiene el mismo derecho a manifestar que el resto de los ciudadanos de América Latina, como los de Colombia y Chile, quienes colectivamente expresaron en el espacio público aspiraciones democráticas y de calidad de vida que hoy tienen eco en los habitantes de La Habana y sus alrededores.
Alentamos a que los organismos internacionales de protección a los derechos humanos, como el Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, realice un seguimiento de la situación en Cuba y haga todas las diligencias necesarias para el respeto de la vida, integridad y libertad de quienes participen en las movilizaciones, comprometiendo a las autoridades a que no habrá represalias por participar en ellas.
Asimismo, pedimos que los gobiernos y los movimientos sociales de la región expresen su preocupación por las declaraciones de las autoridades de la isla y exijan públicamente, y por los mecanismos diplomáticos, la liberación de los cubanos y las cubanas presas por protestar. En todo el continente estamos experimentando graves retrocesos en las libertades democráticas, lo que exige a la comunidad internacional elevar el costo político de cualquier erosión de los principios y valores establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como de la institucionalidad que debiera hacerlos posible. Especialmente exhortamos a los presidentes de Chile, Gabriel Boric, y Colombia, Gustavo Petro, dado que sus gobiernos fueron resultado de amplios procesos de movilización social, a condenar la represión de las manifestaciones en Cuba, ayudando así a fortalecer el ejercicio regional del derecho a la manifestación pacífica por parte de la población.