En América Latina se están experimentando retrocesos importantes a las libertades que integran el espacio cívico, particularmente se está reduciendo el ámbito de ejercicio de la libertad de asociación y reunión pacífica; reducción que contraviene lo instaurado por los estándares internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas reconoció que la libertad de asociación incluye: el derecho a formar una asociación, realizar sus actividades estatutarias, el derecho a la recaudación de fondos para su sostenibilidad y el derecho a que no se interfiera con el desarrollo legítimo de sus objetivos.
Resulta preocupante que las voces que se pronuncian por el desarrollo de los países que integran Latinoamérica están siendo sometidas a investigaciones arbitrarias, perseguidas penalmente mediante procesos judiciales infundados, así como atacadas y difamadas mediante acoso en redes, lo cual evidencia el aumento en los discursos de odio en contra de personas críticas de las gestiones gubernamentales en la región.
Observamos como se instrumentalizan las leyes para constituirlas como medios de represión de las libertades del espacio cívico, tales como: Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz en Nicaragua; el Anteproyecto de Ley de Agentes Extranjeros en El Salvador; el proyecto de la Ley de Cooperación Internacional en Venezuela; así como las reformas a los Códigos Penales en El Salvador y Cuba.
Respecto a los ataques a la sostenibilidad económica de las organizaciones de la sociedad civil en América Latina, diversas opiniones, emitidas en el marco del Sistema Universal de Naciones Unidas, han coincidido en el hecho que las organizaciones de la sociedad civil que reciben fondos de fuentes extranjeras no constituyen una amenaza para la seguridad nacional, ya que el derecho de asociación es un derecho humano que debe ser garantizado y respetado. En tal sentido, no se puede estigmatizar a las entidades que reciben fondos de la cooperación internacional, ni perseguirlas por tal motivo.
A pesar de las amenazas y ataques, las organizaciones de la sociedad civil no pueden callar, porque el silencio ante la reducción de la democracia y el espacio cívico en la región Latinoamericana no es opción. Es el momento de extender y alzar nuestras voces y defender las libertades de pensamiento, expresión, asociación y reunión. Por ello, la Coalición por la Libertad de Asociación exhorta a los estados democráticos que asistirán a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles a no guardar silencio y que se pronuncien a fin de que el espacio cívico sea respetado en todos los países del hemisferio americano. Tal como lo establece el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”.